Hay algo que no cuadra. Y ya no es solo una percepción: es una evidencia cotidiana.

¿A usted lo han llamado alguna vez para una encuesta electoral?

La respuesta, casi siempre, es no.

Y sin embargo, cada semana aparecen nuevas cifras que aseguran saber qué piensa el país. Hoy mismo, por ejemplo, una encuesta de Invamer ubica a Iván Cepeda con 44,3%, seguido por Abelardo de la Espriella con 21,5% y Paloma Valencia con cerca de 19% en intención de voto.

Lo que ocurrió en el Valle del Cauca no admite eufemismos. No fueron “hechos aislados”, no fue “violencia residual”. Fue la confirmación de un fracaso.

Dos atentados en menos de 24 horas —uno en Cali contra una instalación militar y otro en Palmira— son la evidencia más reciente de que la política de “Paz Total”, liderada por el presidente Gustavo Petro y defendida con vehemencia por el senador Iván Cepeda, no solo no ha contenido la violencia: ha contribuido a su transformación y expansión.

En Colombia, la indignación ya no alcanza. La posible llegada de Daniel Quintero Calle a la Superintendencia de Salud y de Jorge Iván Ospina Gómez a la intervención de la Nueva EPS no es solo una decisión polémica: es un desafío abierto a la lógica, a la ética y a la memoria de los ciudadanos.

Porque aquí no estamos hablando de percepciones. Estamos hablando de hechos.

Gobernar un país no es improvisar en tiempo real. No es reaccionar por impulso, ni convertir cada declaración en un experimento político. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo con Gustavo Petro.

Las salidas en falso del presidente ya no son episodios aislados. Son un patrón. Una forma de ejercer el poder que mezcla intuición, reacción y una preocupante falta de contención institucional. Lo que antes podía interpretarse como un error puntual, hoy se percibe como una constante que erosiona la credibilidad del Gobierno.

Recompensa millonaria y democracia bajo presión: señales de alerta en el camino electoral colombiano

En medio de un clima político cada vez más tenso, el Gobierno nacional anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien entregue información que permita prevenir atentados contra candidatos presidenciales. La medida surge tras las denuncias de amenazas contra la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia, encendiendo una nueva alarma sobre las garantías reales del proceso electoral en Colombia.

http://www.youtube.com/watch?v=t3lksF7Q4Os

http://www.youtube.com/watch?v=5FaJOh9p34o

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