El expediente de Jorge Iván Ospina Gómez es amplio y consistente. Enfrenta múltiples procesos en la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratación pública, varios de ellos relacionados con el manejo de recursos durante la pandemia, uno de los momentos más críticos para la transparencia del gasto. Entre los casos más relevantes se encuentran contratos de bioseguridad y atención de emergencias bajo sospecha de sobrecostos, así como el proyecto del Centro de Bienestar Animal, cuestionado por presuntas irregularidades en su adjudicación.

A esto se suman investigaciones por el alumbrado navideño de Cali, con fuertes críticas por costos elevados y falta de claridad en los procesos, así como indagaciones sobre convenios interadministrativos que habrían sido utilizados para evitar licitaciones abiertas. También han sido revisadas decisiones contractuales durante el estallido social de 2021 y programas sociales ejecutados en ese contexto, además de observaciones de entes de control por posibles detrimentos patrimoniales en contratos de infraestructura. No es un episodio aislado: es un conjunto de decisiones bajo la lupa de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

El panorama de Daniel Quintero Calle es igual de delicado. El caso más emblemático es el del lote Aguas Vivas, donde fue imputado por la Fiscalía por presuntos delitos como peculado, prevaricato e interés indebido en la contratación. En este proceso, el valor de un terreno pasó de aproximadamente 2.700 millones a cerca de 48.000 millones de pesos, en medio de decisiones administrativas hoy cuestionadas.

A ello se suma la crisis institucional en EPM, con contratos que superan 1,6 billones de pesos bajo investigación por posibles irregularidades en contratación y afectaciones a la competencia, así como la renuncia masiva de su junta directiva en medio del choque institucional. También están los contratos de mantenimiento de zonas verdes por más de 17.000 millones de pesos, donde ya se han presentado imputaciones a exfuncionarios y contratistas por presuntas irregularidades.

Igualmente, su administración fue objeto de investigaciones disciplinarias por proyectos como el “Valle del Software”, cuestionamientos por el manejo de Telemedellín y decisiones relacionadas con Hidroituango, incluyendo posibles fallas en la gestión de riesgos y seguros. Incluso su suspensión por parte de la Procuraduría —posteriormente revertida— dejó planteadas dudas sobre el uso del cargo y la participación en política.

En ambos casos, no se trata de hechos aislados.
Se trata de trayectorias marcadas por cuestionamientos.

Y ese es precisamente el punto crítico.

Porque aquí es donde la historia deja de ser política y se vuelve peligrosa. La Superintendencia de Salud no es un cargo simbólico: es el ente que vigila, sanciona y controla. La intervención de la Nueva EPS implica manejar recursos gigantescos y tomar decisiones que impactan directamente la vida de millones de colombianos.

¿Y la respuesta institucional es entregar esas funciones a personas investigadas por el manejo de recursos públicos?

Eso no es un error.
Es una señal.

Una señal de que las investigaciones ya no pesan.
Que los antecedentes se relativizan.
Que la ética dejó de ser un requisito real.

Lo más grave no es solo el riesgo técnico. Es el mensaje que se envía.

Mientras millones de colombianos enfrentan un sistema de salud colapsado —citas que no llegan, tratamientos que se retrasan, servicios que fallan—, las decisiones en la cima del poder parecen desconectadas de esa realidad. O peor: indiferentes a ella.

Aquí la metáfora no es exagerada. Es precisa.

Poner al ratón a cuidar el queso.

Pero con un agravante: no es la primera vez que el queso ha estado en riesgo. Y aun así, se insiste en entregar las llaves a quienes hoy están bajo cuestionamiento.

Colombia no está frente a un hecho aislado. Está frente a una forma de ejercer el poder donde las investigaciones no excluyen, sino que conviven cómodamente con las decisiones más sensibles del Estado.

Y cuando las consecuencias lleguen —porque llegan— no será válido decir que nadie lo advirtió.

Porque esta vez, los nombres, los procesos y las cifras están sobre la mesa.

Y son imposibles de ignorar.